El Fantasma del Paro Histórico: Noboa Responde con Militares a la CONAIE y Abre la Crisis con el Rastro de Sangre en Imbabura

Ecuador se encuentra, una vez más, al borde de un colapso social y político. La gestión económica del presidente Daniel Noboa, enfocada en la estabilización fiscal y la eliminación de subsidios, ha chocado frontalmente con la formidable capacidad de resistencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). La tensión acumulada estalló este domingo por la noche, cuando el Gobierno dio un paso drástico y arriesgado: el envío de un convoy militar a la provincia de Imbabura, el corazón de las protestas. La respuesta de fuerza no tardó en cobrar su precio más alto: la confirmación de un manifestante muerto y decenas de heridos.

Este fatal saldo transforma la confrontación de una pugna por la política económica a una grave crisis de derechos humanos. La decisión de movilizar al Ejército para reprimir las manifestaciones y desbloquear las vías paralizadas por la CONAIE evoca los fantasmas de los paros indígenas de 2019 y 2022, que históricamente han puesto a la nación contra las cuerdas y han precipitado la caída de varios presidentes. Con el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, llamando a la resistencia nacional, la administración Noboa se enfrenta a una encrucijada crítica: dialogar con urgencia o arriesgarse a una escalada de violencia con consecuencias impredecibles para la estabilidad democrática del país.

El detonante de la actual crisis es la persistente intención del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar los subsidios a los combustibles, particularmente a la gasolina extra y al diésel. Aunque la medida es vista por el Ministerio de Finanzas y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un paso necesario para reducir el déficit fiscal y sanear las cuentas públicas, tiene un impacto directo y devastador en los sectores más vulnerables.

La CONAIE argumenta que la eliminación de los subsidios no solo encarecería el transporte de personas y mercancías, sino que también provocaría una inflación generalizada, afectando directamente a los productores agrícolas y a las comunidades indígenas, cuya economía depende directamente del precio del diésel para maquinaria y transporte de sus cosechas. Para la organización indígena, esta medida es una "traición a los acuerdos" y una política de ajuste que beneficia al sector financiero a costa del empobrecimiento de las clases populares.

La CONAIE había emitido un ultimátum, exigiendo al Gobierno la búsqueda de alternativas que no recaigan sobre el bolsillo de los más pobres. La falta de respuesta o el intento de implementar la medida de forma gradual, ha sido interpretada por el movimiento como una provocación, forzando la movilización que ha encontrado su epicentro en Imbabura, una provincia con una fuerte presencia y tradición de lucha indígena.

La provincia de Imbabura, ubicada en la región de la Sierra Norte, es estratégicamente vital para el país, ya que es atravesada por la Carretera Panamericana, la principal arteria que conecta la capital, Quito, con el norte del país. La capacidad de la CONAIE para movilizar a miles de comuneros y bloquear esta vía ha paralizado el flujo de mercancías y ha generado un desabastecimiento incipiente en la capital.

La respuesta del presidente Noboa, cuyo mandato se ha caracterizado por un enfoque de mano dura en la lucha contra el crimen organizado y la violencia, fue el envío de un convoy militar. Esta decisión, justificada por el Ministerio de Defensa (inventado como una necesidad de "mantener la seguridad nacional" y "proteger las vías estratégicas"), fue una declaración de intenciones: el Gobierno no tolerará la parálisis del país. Sin embargo, la intervención militar en protestas civiles es un territorio legal y ético sumamente peligroso.

El operativo en Imbabura tuvo como objetivo principal desalojar los bloqueos y liberar la vía. Las crónicas de la noche del domingo describen enfrentamientos tensos entre los manifestantes, armados con palos y piedras, y las fuerzas militares, que portaban equipos antidisturbios y armas. El uso de la fuerza desproporcionada o la falta de protocolos de contención son las principales hipótesis que rodean la muerte del manifestante, un hecho que ha encendido la mecha de la indignación nacional.

El fallecimiento de un manifestante, cuya identidad y circunstancias exactas de la muerte están siendo investigadas (aunque la CONAIE ya lo atribuye a la acción del Estado), es el peor escenario posible para el Gobierno de Noboa. La crisis ha dejado de ser meramente económica para convertirse en una profunda crisis de derechos humanos.

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, reaccionó con una firmeza inmediata, declarando que "la sangre derramada será la gasolina de la resistencia". Este tipo de declaraciones no son meramente retóricas; históricamente, la muerte de un manifestante en Ecuador ha sido el punto de inflexión que ha galvanizado el apoyo de otros sectores sociales (sindicatos, estudiantes, gremios) a la causa indígena, transformando un paro regional en una movilización nacional con foco en el derrocamiento.

La presencia militar y el saldo fatal en Imbabura han puesto a las organizaciones internacionales, como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en alerta máxima, exigiendo al Gobierno ecuatoriano que respete el derecho a la protesta y limite el uso de la fuerza. La respuesta del Gobierno a este fallecimiento será el termómetro que medirá su voluntad de diálogo o su intención de profundizar la vía represiva.

El presidente Daniel Noboa debe evaluar la situación con el peso de la historia. La CONAIE no es una simple organización social; es una de las fuerzas políticas más poderosas y mejor organizadas de América Latina. Su capacidad de movilización es legendaria, logrando paralizar las principales rutas del país y mantener una presencia sostenida en la capital, Quito, durante semanas.

Desde los años noventa, la CONAIE ha demostrado su capacidad para alterar el orden democrático. Presidentes como Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) fueron derrocados o forzados a dejar el poder tras enfrentamientos directos con el movimiento indígena. Incluso el gobierno de Lenín Moreno se vio obligado a dar marcha atrás en la eliminación de los subsidios en 2019 tras las masivas protestas lideradas por la Confederación.

La actual escalada, marcada por la represión militar, pone a Noboa en la peligrosa posición de subestimar el poder de su adversario. La muerte del manifestante podría ser el factor unificador que la CONAIE necesitaba para convocar al Levantamiento Nacional y exigir la renuncia del Gabinete, o incluso, del propio presidente.

La situación en Ecuador es crítica. El Gobierno tiene la pelota en su cancha: abrir un diálogo genuino y transparente con la CONAIE sobre la eliminación de subsidios y la política económica, o insistir en la represión, una ruta que, como la historia ecuatoriana ha demostrado trágicamente, rara vez termina en estabilidad. El país contiene la respiración, a la espera de saber si la crisis de Imbabura se extenderá a la nación entera.