Detalles del caso
La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, demostró que el empleado judicial, identificado como Daniel Fernando Aponte, era el líder de la operación. Aponte no solo proporcionó el vehículo para el transporte de 23 kilos de marihuana, sino que también monitoreó el viaje y, tras la detención del conductor, se encargó de contratar un abogado para él y le dio instrucciones para evitar que delatara a sus cómplices.
El tribunal consideró que Aponte, junto con el conductor del vehículo, Ángel Luna, tuvieron el mismo nivel de responsabilidad en el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. En total, se incautaron 23 kilos de marihuana que, según los fiscales, eran suficientes para producir miles de dosis.
El mensaje de la sentencia
La condena de 7 años de prisión contra un funcionario del Poder Judicial es un mensaje claro de la Justicia contra la corrupción. La sentencia demuestra que no habrá impunidad para aquellos que, desde el Estado, utilicen su posición para cometer delitos y que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad para el Ministerio Público Fiscal.
