🚨 El Grito Silencioso de la Discapacidad: Salta Atraviesa el Año Más Oscuro por el Desfinanciamiento y el Retroceso de Derechos

SALTA, 3 de Diciembre de 2025 – El Día Internacional de las Personas con Discapacidad encuentra a Argentina, y en particular a la provincia de Salta, en una encrucijada crítica. Lejos de la conmemoración festiva, la fecha se ha transformado este año en un llamado urgente a la reflexión colectiva ante un escenario de retrocesos profundos en materia de derechos, acceso a la salud y calidad de vida para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El contexto nacional, signado por drásticos recortes presupuestarios, desfinanciamiento crónico y una alarmante desprotección estatal, ha precipitado una crisis sin precedentes en el Sistema de Prestaciones Básicas. Prestadores, transportistas, profesionales y familias salteñas denuncian que la continuidad de los servicios esenciales está en riesgo, dejando a miles de personas con discapacidad (PcD) sin la atención vital que garantiza su integración y desarrollo.

El consenso entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y cámaras de prestadores es unánime: el 2025 ha sido el año más duro para la discapacidad en la historia reciente del país.

El colapso del sistema se explica por la confluencia de tres factores económicos devastadores que afectan directamente a la sustentabilidad de los servicios:

El principal problema es el desfasaje crónico entre los aranceles que pagan las obras sociales y las prepagas (regulado por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad) y la inflación real del país.

Brecha Inflacionaria: Mientras los costos operativos, salarios de profesionales, mantenimiento de vehículos y tarifas de servicios públicos han aumentado a tasas superiores al 100% anual, los aumentos arancelarios autorizados han sido insuficientes, generando una brecha que pulveriza la rentabilidad y la capacidad de inversión de los centros.

Aranceles "Básicos" vs. Costos "Premium": Las prestaciones, especialmente las terapias especializadas (fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología compleja), requieren equipamiento y profesionales altamente calificados, cuyos sueldos deben ser competitivos, pero los aranceles no lo permiten.

El desfinanciamiento se traduce en una gigantesca deuda que las obras sociales (en particular el PAMI a nivel nacional y la obra social provincial a nivel local) mantienen con los prestadores y transportistas.

Atrasos de Meses: En Salta, muchas terapias, residencias y servicios de transporte acumulan atrasos de 90 a 120 días en los pagos. Los centros y profesionales deben asumir los costos operativos (salarios, alquileres) con recursos propios, endeudándose con bancos o proveedores.

Transportistas al Límite: El sector del transporte adaptado es el más golpeado. Los transportistas, muchos de ellos pequeños empresarios o monotributistas, dependen casi exclusivamente del pago de las obras sociales. Al no recibir los pagos a tiempo, les resulta imposible mantener el costoso mantenimiento de los vehículos (combustible, repuestos, seguros), lo que lleva a la interrupción del servicio, dejando a las PcD sin posibilidad de acceder a sus terapias.

La decisión del gobierno nacional de aplicar ajustes en áreas clave del gasto social ha afectado directamente el financiamiento cruzado del sistema, generando incertidumbre y una restricción en la asignación de recursos extraordinarios.

En Salta, una provincia con alta dispersión geográfica y una población considerable que vive en zonas rurales y de baja accesibilidad, el colapso del sistema tiene efectos amplificados.

El principal temor es el cierre inminente de centros de rehabilitación y hogares de día especializados. Estas instituciones operan con márgenes mínimos y son el único lugar donde muchas PcD reciben atención integral.

“Si el centro cierra, el niño o adulto no tiene a dónde ir. La familia queda a la deriva, sin la contención, la rehabilitación y la escolarización que necesita. Esto es un desmantelamiento de vidas,” señaló una referente de un centro terapéutico salteño.

Ante la falta de garantías de cobro y los aranceles devaluados, muchos profesionales altamente especializados (terapeutas, psicólogos) están optando por migrar a otros rubros o provincias, o directamente al sector privado, que ofrece mejores condiciones. Esto genera una escasez crítica de talentos en el sistema de discapacidad, y las listas de espera para conseguir turno con especialistas se extienden por meses.

El desfinanciamiento también impacta en el servicio de Acompañantes Terapéuticos (AT) y de maestros integradores. La demora en los pagos lleva a los AT a interrumpir la prestación, dejando a los niños con discapacidad sin el apoyo necesario para la inclusión escolar, un derecho fundamental garantizado por ley. Sin apoyo, la inclusión se vuelve imposible, obligando a los niños a perder días de clases o a retirarse del sistema educativo regular.

La crisis es una violación directa al espíritu y la letra de la Ley Nacional 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad). Esta ley establece la obligación indelegable del Estado y las obras sociales de garantizar la cobertura total de las prestaciones que la PcD requiera, incluyendo:

El desfinanciamiento equivale a un incumplimiento estatal de una ley que es de orden público y protege los derechos humanos.

En este Día Internacional, las organizaciones de Salta han elevado un petitorio urgente a las autoridades provinciales y nacionales:

Declaración de Emergencia: Declarar la Emergencia Económica y Financiera del sector de la discapacidad en Salta para asegurar un flujo de fondos extraordinario.

Actualización de Aranceles: Aplicar una actualización arancelaria de emergencia que compense la inflación acumulada del 2025, indexando los pagos automáticamente a un índice de costos real.

Cancelación de Deuda: Implementar un plan de cancelación inmediata de la deuda acumulada con transportistas y prestadores, saneando las cuentas del sector.

No al Recorte de Pensiones: Garantizar la continuidad de las Pensiones No Contributivas (PNC) y frenar la revisión discrecional que ha dejado a muchas PcD sin su único sustento económico.

El 3 de diciembre de 2025 no es un día para estadísticas superficiales; es el momento de reconocer que la falta de financiamiento no es solo un problema económico, sino un acto de violencia institucional que compromete la vida, la dignidad y el futuro de miles de salteños. La sociedad, las autoridades y los medios están llamados a ser la voz de un sector que, ante el desmantelamiento, enfrenta la hora más oscura.