Crisis Patrimonial y Política: La Justicia de Tartagal Dicta la Inhibición de Bienes del Diputado Libertario Nicolás Arce por una Deuda Millonaria

SALTA, 5 de Diciembre de 2025 – La carrera política del diputado provincial Nicolás Arce, representante del departamento San Martín y figura ascendente del espacio La Libertad Avanza en Salta, ha quedado seriamente comprometida. La Justicia de Tartagal dictó la inhibición general de bienes del legislador en el marco de una ejecución prendaria que arrastra desde hace meses. La medida judicial, que impide a Arce disponer, transferir o gravar cualquiera de sus bienes registrables, se ha convertido en una dura postal que trasciende la esfera personal para impactar directamente en la imagen pública de su espacio político.

El reclamo judicial fue iniciado por Círculo de Inversores S.A.U., una entidad financiera que busca recuperar una deuda cuyo monto, entre capital, intereses y costos judiciales, ya supera los $14 millones de pesos. La deuda en cuestión se encuentra vencida desde abril del corriente año, lo que desencadenó el proceso judicial que culminó con la drástica medida cautelar.

La inhibición de bienes contra un funcionario público en ejercicio genera una inmediata controversia sobre la idoneidad y la responsabilidad financiera de quienes ocupan cargos electivos. Para el diputado Arce, este proceso judicial se suma a las tensiones internas dentro de su bloque y lo coloca bajo una intensa lupa mediática en un contexto de fuerte fiscalización social a la casta política.

El procedimiento judicial que culminó en la inhibición se basa en dos figuras legales específicas que buscan garantizar la recuperación de la deuda por parte del acreedor.

El proceso se inició a través de una ejecución prendaria. Esto implica que la deuda de Arce estaba garantizada por la prenda de un bien mueble registrable, presumiblemente un vehículo.

 • La Prenda: Es un derecho real de garantía que recae sobre un bien (generalmente un vehículo o maquinaria) y otorga al acreedor (Círculo de Inversores S.A.U.) la facultad de ejecutarlo, es decir, de subastarlo judicialmente, si el deudor incumple con el pago de la obligación.

 • El Incumplimiento: Al vencerse la deuda en abril sin ser saldada, la entidad financiera activó el mecanismo judicial para reclamar el capital adeudado más los intereses punitorios.

La inhibición es una medida cautelar dispuesta por el juez de Tartagal a pedido del acreedor. Es una herramienta poderosa cuyo objetivo es evitar el vaciamiento patrimonial del deudor durante el transcurso del juicio.

 • Efectos Prácticos: La inhibición implica que el diputado no puede vender, donar, hipotecar o transferir a terceros ninguno de sus bienes registrables (inmuebles, otros vehículos, etc.) que se encuentren en su patrimonio hasta que la deuda sea saldada o se dicte una sentencia definitiva.

 • El Mensaje Judicial: Al dictar una inhibición general, la Justicia evalúa que existe un riesgo real de insolvencia o de que el deudor intente eludir el pago. Es una señal de alarma sobre la gravedad de la situación financiera del legislador.

La cifra de $14 millones de pesos es significativa, especialmente en un contexto de alta inflación en Argentina, donde las deudas, a través de intereses compensatorios y punitorios, se incrementan a una velocidad vertiginosa.

 • Intereses Punitorios: Una parte considerable de los $14 millones son intereses punitorios, aplicados desde la fecha de mora (abril). Estos intereses son los más gravosos, ya que buscan castigar el incumplimiento y resarcir al acreedor por la demora.

 • Desafío Financiero: Para un legislador provincial, cuyo sueldo, aunque sustancial, tiene límites, afrontar una deuda de este calibre y evitar el remate del bien prendado implica un desafío financiero mayúsculo.

El hecho de que un representante de un espacio que enarbola la bandera de la austeridad fiscal y la responsabilidad económica esté involucrado en un caso de mora y ejecución prendaria por una deuda millonaria genera una contradicción ética y política que sus adversarios no dudarán en explotar.

El caso de Nicolás Arce trasciende lo personal e impacta en la percepción pública del partido político que integra.

 • El Discurso de la "Casta": El electorado de La Libertad Avanza (LLA) es particularmente sensible al discurso anti-casta y a la exigencia de transparencia y probidad. La exposición de una deuda personal tan abultada por parte de uno de sus representantes choca directamente con la narrativa de la "responsabilidad individual" y la "libertad financiera" que predica el espacio.

 • Presión Opositora: La oposición en la Legislatura provincial utilizará el caso para cuestionar la idoneidad moral y financiera de Arce, pudiendo incluso solicitar explicaciones públicas sobre la forma en que se contrajo la deuda y cómo afectará su desempeño legislativo.

Nicolás Arce fue electo con el respaldo de una base social que busca soluciones a los problemas económicos estructurales del norte salteño. Un diputado inhibido en sus bienes puede ver mermada su capacidad de gestión y su credibilidad ante sus representados. El problema legal personal amenaza con desviarle el foco de su labor legislativa.

El legislador tiene varias vías legales para intentar revertir la situación, aunque el tiempo corre en su contra.

 1 Pago o Acuerdo: La vía más directa es saldar la deuda en su totalidad, incluyendo los intereses. Si no puede hacerlo de contado, puede intentar negociar un acuerdo de pago con Círculo de Inversores S.A.U. para levantar la inhibición.

 2 Oposición a la Ejecución: Sus abogados pueden presentar una oposición a la ejecución prendaria, argumentando defectos formales o vicios en el contrato o en el cálculo de la deuda. No obstante, si la deuda está claramente impaga desde abril, esta estrategia solo serviría para dilatar el inevitable remate del bien prendado.

 3 El Remate: Si la Justicia no recibe el pago y la oposición es rechazada, se ordenará la subasta pública del bien prendado para que el acreedor recupere el monto adeudado. La inhibición general de bienes continuará hasta que la deuda sea considerada extinguida o el juicio termine.

El caso del diputado Nicolás Arce subraya la importancia de la ética pública y la responsabilidad financiera en los funcionarios electos. La decisión de la Justicia de Tartagal no solo afecta su patrimonio, sino que pone a prueba la resiliencia política de su bloque en la Legislatura de Salta.